Demanda de desahucio en 2018

Demanda de desahucio en 2018:

Existen múltiples opiniones y estudios de procedimientos judiciales, a pesar de lo cual, y desde nuestro punto e vista, teniendo en cuenta que nos dedicamos a procedimientos de desahucio express entre particulares, no hipotecarios de bancos ni entidades financieras, las demandas de desahucio han ido en aumento estos años atrás. La previsión para 2018, por desgracia, es que sigan aumentando ligeramente conforme a la tendencia actual.

En España sigue sin existir listas oficiales de morosidad de alquileres, de manera que de no modificarse la Ley o proteger a los propietarios con información de personas reincidentes en el impago de las rentas arrendaticias, el propietario está desprotegido ante personas que deliberadamente se dedican a alquilar inmuebles y no pagar la renta hasta que son desahuciadas por la demanda de desahucio, a sabiendas de que el plazo de tramitación desde la presentación de la demanda en el Juzgado (siempre existe en tiempo de impago y toma de decisión de demandar de entre dos meses y un años), unos 6 meses después; y muchos propietarios exigen injustamente a las personas que desean ser inquilinos garantías excesivas y pretende establecer condiciones abusivas, siendo ambos casos malas prácticas, derivadas del abuso de la situación de derecho injusta.

No es razonable que una demanda de desahucio tarde tanto en tramitarse, tampoco que exista tanta morosidad, pues si bien es cierto que la crisis ha provocado situaciones de desamparo de familias enteras que no podrían acceder a una vivienda llegando a aumentar alarmantemente la ocupación, en la actualidad la ocupación ilegal se va manteniendo y corrigiendo, pero las demandas de desahucio contractual por impago, aumentando llegando a cifras que en absoluto son razonables.

El abuso no es innato de los propietarios o de los inquilinos, pues sus circunstancias son variables y dependen de sus necesidades, pues se trata al fin y al cabo de personas, siendo en muchos casos los mismos individuos inquilinos de una vivienda y propietarios de otra. A pesar de lo cual, desde nuestra experiencia podemos llegar a la conclusión de que la Ley en la actualidad favorece malas prácticas de inquilinos y desampara jurídicamente a propietarios que carecen de mecanismos legales eficientes para hacer valer sus derechos.

 

 

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